Este viernes concluye la primera semana de la huelga convocada por los principales sindicatos médicos del país contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Tras la manifestación del pasado sábado y varios días de movilizaciones en distintas comunidades autónomas, el conflicto entró en su primera fase de paros mensuales, previstos hasta junio. Los sindicatos médicos insisten en sus principales reivindicaciones: Estatuto propio y negociación especifica con el Ministerio.
Los efectos de la huelga ya se han dejado notar en la asistencia sanitaria durante estos días de paro, especialmente en forma de cancelaciones de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. En la Comunidad de Madrid, durante las tres primeras jornadas de huelga —16, 17 y 18 de febrero— se suspendieron 24.216 consultas externas hospitalarias, 1.405 cirugías y 3.025 pruebas diagnósticas. En Atención Primaria se cancelaron 8.713 citas. Según afirma la comunidad autónoma, el impacto económico estimado en esos tres días asciende a casi dos millones de euros entre ambos niveles asistenciales.
Según afirma la Comunidad de Madrid, el impacto económico estimado en esos tres días asciende a casi dos millones de euros entre ambos niveles asistenciales
Por su parte, en el País Vasco, la huelga ha tenido un seguimiento del 15,86% del personal médico, en concreto en Álaba (11,61%), Biskaia (17,62%) y Gipuzkoa (14,99%). Según los datos de la comunidad, la estimación para el conjunto de la semana eleva la cifra a 26.000 consultas de Atención Primaria, 6.880 de Pediatría, 1.422 cirugías, 25.552 consultas con especialistas y 15.390 pruebas diagnósticas. Desde el ámbito sanitario vasco se subraya que “detrás de cada cifra hay pacientes reales”, al tiempo que se reconoce que se trata de una movilización laboral legítima que, no obstante, “requiere una solución urgente” ante la falta de cambios en la negociación.
En Galicia, el impacto también ha sido cuantificado por la Xunta. Entre el lunes y el martes se suspendieron 379 cirugías, 7.552 consultas hospitalarias y 6.555 consultas de Atención Primaria, lo que suma cerca de 14.500 procesos asistenciales afectados en dos días y supera los 15.000 si se incluyen pruebas no realizadas. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, trasladó estos datos tras una reunión con los gerentes de las siete áreas sanitarias y reclamó al Ministerio que retome el diálogo con los sindicatos médicos para poner fin a una convocatoria que se repetirá una semana al mes hasta el verano.
El seguimiento en Galicia alcanzó el 19,26% en el turno de mañana del jueves, con una participación del 24,51% en el ámbito hospitalario —25,34% en los grandes hospitales y 15,71% en los comarcales— y del 5,35% en Atención Primaria. Por centros, el paro osciló entre el 19,38% y el 35,53% en los principales hospitales gallegos. En paralelo, el Servizo Galego de Saúde aseguró la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, garantizando la atención urgente y de emergencias.
Seguimiento en Andalucía y Castilla-La Mancha
En otras comunidades, el seguimiento también ha sido desigual. En Andalucía, la cuarta jornada de huelga registró un 26,09% de participación, con porcentajes que variaron entre provincias, desde el 19,87% en Jaén hasta el 32,26% en Huelva. En Castilla-La Mancha, el seguimiento fue del 16,3% el lunes y en torno al 19% el martes. Por su parte, en Cataluña, la Conselleria de Salud cifró el seguimiento en un 6,2%, mientras que Metges de Catalunya lo elevó al 39%.
A nivel estatal, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) aseguró que el respaldo en el primer día alcanzó el 85% en Atención Primaria y el 90% en el ámbito hospitalario, pese a unos “servicios mínimos abusivos” que, según el sindicato, exigen “aproximadamente un 75% de efectivos en servicios no esenciales y un 100% en los esenciales”.
Los facultativos están “infrarrepresentados” en las mesas del Ámbito Negociación
Otras comunidades como en la Región de Murcia se percibió una polémica en torno a los servicios mínimos. El Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM) informó de que “la segunda jornada de paro médico y facultativo ha estado marcado por el caos organizativo en torno a los servicios mínimos, tras el auto notificado del lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anulaba la orden del pasado sábado impuesta por la Administración”.
Según el sindicato, los nuevos servicios mínimos “han sido comunicados en los hospitales y centros de salud una vez que los profesionales ya se habían incorporado a sus puestos de trabajo después del inicio de la jornada laboral”. La organización asegura que esta “falta de planificación” y el “retraso en la aplicación efectiva de la resolución judicial” han provocado “una notable confusión entre los facultativos y equipos directivos”. Por ello, exige a la Administración “seguridad jurídica, coordinación y claridad en la comunicación de medidas que afectan directamente tanto a los profesionales como al funcionamiento del sistema sanitario”.
Estatuto y negociación propia
Por primera vez, los principales sindicatos médicos —la CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— se han unido para convocar esta huelga médica y, según el calendario que anunciaron los paros están previstos durante las semanas del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio
En el núcleo del conflicto persiste una reclamación compartida por las organizaciones médicas: la exigencia de un estatuto propio y de una mesa estatal de negociación específica para los médicos. Consideran que el nuevo Estatuto Marco, suscrito por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación, no ha incorporado adecuadamente la voz del colectivo. Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, defendió la necesidad de que, dado el carácter extraordinario de “su desempeño y la singularidad de sus condiciones”, las condiciones laborales se aborden en un foro estatal propio. En la misma línea, Mercedes Tallón, vicepresidenta de O’MEGA, aseguró que los facultativos están “infrarrepresentados” en las mesas del Ámbito, con menos del 20% de presencia.
“El Ministerio no nos reconoce como interlocutores válidos a nivel estatal”
Desde Cataluña, Xavier Lleonart, secretario general de MC, afirmó que “el Ministerio no nos reconoce como interlocutores válidos a nivel estatal” y sostuvo que el acuerdo consolida “una discriminación histórica”. Por su parte, Ana Santorcuato, delegada de SME, subrayó que el médico es la única categoría que recorre toda la traza asistencial y que la propuesta ministerial “no reconoce esa singularidad de responsabilidad”.
También Víctor Pedrera, secretario general de CESM, incidió en que la responsabilidad recae en el facultativo y que “ese hecho debería tener un reflejo claro en el marco normativo”. Por su parte, Rafael Ojeda, presidente del SMA, añadió que los médicos arrastran desde hace años condiciones “intolerables y precarias” sin que, a su juicio, sus demandas hayan sido atendidas.
La ministra defiende su Estatuto Marco
En el ámbito político, a consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, cargó contra la ministra de Sanidad, Mónica García, y vinculó el conflicto a la gestión del Ministerio. Además, remarcó que "estamos ante la mayor huelga de médicos de la historia de España" y sostuvo que la situación responde a una ministra que ha "despreciado y desprestigiado a sus propios compañeros".
La consejera de Sanidad insistió en el componente profesional de su crítica y señaló que "nos ha traicionado porque yo soy médico". En esa misma línea, reclamó que "se escuche al facultativo" porque, según dijo, en el Sistema Nacional de Salud es "un pilar muy importante que lo sostiene".
Frente a estas críticas, la ministra de Sanidad ha defendido públicamente el nuevo Estatuto Marco tras el Pleno del Senado del pasado martes. “Yo he estado trabajando en el sistema 22 años y nunca jamás he oído hablar ni de huelgas, ni de guardias de 24 horas, ni de condiciones materiales que dependieran del Estatuto Marco”, afirmó, atribuyendo la actual protesta al hecho de haber reactivado un texto que, según recordó, estaba “obsoleto desde 2003”.
“La mayoría de esas mejoras materiales dependen de quien gestiona la sanidad, que son las comunidades autónomas”
García ha sostenido que la controversia se debe a que se está exigiendo al Estatuto resolver cuestiones que no dependen del Ministerio. “La mayoría de esas mejoras materiales dependen de quien gestiona la sanidad, que son las comunidades autónomas”, señaló, insistiendo en que el Gobierno se ha reunido “en innumerables ocasiones” con ellas para construir un texto viable sin invadir competencias.
Entre las medidas incorporadas citó la eliminación de las guardias de 24 horas, oposiciones cada dos años, la conciliación, la reducción de jornada y la inclusión de bajas y enfermedad dentro de los complementos, defendiendo que el Ministerio ya ha incluido “todas las medidas materiales” posibles dentro de su marco competencial.
Con posiciones aún alejadas y un calendario de paros que se prolongará en los próximos meses, el pulso por el Estatuto Marco entra en una fase de consolidación del conflicto, en la que los sindicatos médicos mantienen la presión en la calle mientras el Ministerio insiste en que la reforma supone una actualización imprescindible del marco laboral sanitario.
