La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han lanzado un comunicado donde señalan que el nuevo borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad les "ha decepcionado profundamente": "Parece que el Ministerio esta empeñado en destruir la sanidad pública".
Según denuncian los sindicatos médicos, el nuevo documento del Ministerio de Sanidad plantea que la distribución del horario del personal facultativo quede supeditada a las "necesidades asistenciales" del centro y a criterios de "flexibilidad". CESM advierte que esto supondría la desaparición de un horario fijo para los facultativos, sustituyéndolo por una jornada "irregular" que podría extenderse entre las 7.00 horas y las 22.00 horas.
Durante ese margen horario, los sindicatos aseguran que la dirección del centro podría establecer la jornada ordinaria del personal médico y facultativo de forma unilateral, amparándose en su "capacidad de organización y dirección", y sin estar obligada a ofrecer compensaciones ni garantías adicionales.
"Las guardias seguirán siendo una prolongación obligatoria de la jornada ordinaria a bajo coste, unas horas extraordinarias obligatorias y mal retribuidas"
La propuesta del ministerio también diferencia la jornada ordinaria y las guardias médicas, pero CESM incide en que los términos son demasiado "imprecisos" y que "las guardias seguirán siendo una prolongación obligatoria de la jornada ordinaria a bajo coste, unas horas extraordinarias obligatorias y mal retribuidas".
Uno de los cambios más destacados de este borrador es la reducción de horas en la jornada laboral: pasando de 48 horas a 45 horas. Sin embargo, los sindicatos médicos afirman que en la práctica esta reducción de solo tres horas seguirá permitiendo jornadas semanales de 60-70 horas efectivas.
Regulación de la jornada de guardia
Por otro lado, en lo relativo a la regulación de las jornadas de guardia, las organizaciones sindicales advierten que la propuesta del Ministerio resulta excesivamente "abierta y ambigua". Según denuncian, el modelo permitiría a las direcciones de los centros establecer cualquier duración y franja horaria para las guardias, sin limitaciones claras.
Aunque el documento contempla descansos previos y posteriores, los sindicatos alertan de que bastaría con modificar esos márgenes para vaciar de contenido cualquier garantía real de descanso. En consecuencia, la redacción actual podría favorecer la implantación de modalidades abusivas de jornada laboral, al dejar demasiado margen a la interpretación y aplicación unilateral por parte de la administración.
Además, los sindicatos subrayan la ausencia total de regulación sobre las "guardias localizadas", una modalidad que, según afirman, contraviene la jurisprudencia europea. Las organizaciones señalan que estas guardias no se reconocen como tiempo de trabajo efectivo y pueden imponerse de forma "obligatoria", sin establecerse límites en su número ni en la carga asistencial que conllevan.
Descansos mínimos de 12 horas
Respecto al periodo de descanso mínimo de 12 horas entre una jornada y la siguiente, CESM y SMA lamentan que quede sujeto a las consideraciones organizativas, pudiendo ser anulado cuando "se sucedan, en un intervalo inferior a 12 horas, tiempos de trabajo correspondientes a los diferentes tipos de jornada".
Sin embargo, los sindicados afirman "sorprenderse", ya que aseguran que "este descanso que el ministerio no está en condiciones de garantizar a sus facultativos se lo exige a 'quienes […] ejerzan su actividad fuera de los servicios de salud públicos'". En cuanto al periodo de descanso semanal garantizado, denuncian que continúa siendo de sólo 36 horas, acumulable en periodos de 14 días (72 horas).
Sumado a todo lo anterior, las organizaciones sindicales denuncian que el nuevo borrador contempla la posibilidad de suspender las garantías laborales en materia de jornada y descanso del personal facultativo no solo en situaciones de riesgo para la salud pública, sino también ante cualquier circunstancia que, a juicio de la dirección del centro, impida mantener la asistencia sanitaria con los recursos humanos disponibles. En la práctica, advierten, esto permitiría a cualquier gerente anular derechos laborales alegando una escasez de personal que, paradójicamente, forma parte de su propia responsabilidad.
CESM y SMA denuncian que el ministerio se está aferrando a una "regulación coactiva, que pisotea los derechos laborales de sus facultativos"
Además, el texto prevé un incremento de hasta 150 horas adicionales a la jornada anual, más allá de las 45 horas semanales, supeditado al consentimiento del trabajador. Sin embargo, los sindicatos alertan de que este consentimiento podría verse desvirtuado por situaciones de presión o coacción, restándole validez real.
También contempla la posibilidad de recabar informes de las unidades de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en contextos de sobrecarga asistencial, aunque "ni se definen claramente los supuestos que justificarían dicha evaluación, ni se establecen medidas concretas y obligatorias para proteger la salud de los profesionales".
En definitiva, CESM y SMA denuncian que el ministerio se está aferrando a una "regulación coactiva, que pisotea los derechos laborales de sus facultativos" y que supedita su ejercicio a las necesidades funcionales y organizativas del centro. Así, los sindicatos médicos consideran que el nuevo borrador para modificar el Estatuto Marco pretende paliar "las carencias estructurales" de la sanidad pública y la falta de inversión por medio de un "recorte brutal" de los derechos laborales del facultativo, "algo absolutamente inaceptable", que sólo incrementará su huida hacia el sector privado.
Ambas organizaciones insisten en que "el ministerio debe garantizar los derechos laborales de todos los facultativos", garantizando sus descansos, fijando una jornada ordinaria estable y estableciendo para el resto de la actividad programada y urgente una regulación igualmente clara, basada en criterios de voluntariedad y con una retribución justa. "Si no lo hace, será el único responsable de una grave escalada de la conflictividad laboral en la medicina pública", concluyen.
