El conflicto por el Estatuto Marco ha entrado en una nueva fase de enfrentamiento dentre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga, esta vez por el perfil del mediador que sería el encargado de desincrustar esta crisis de la gestión sanitaria. Lo que nació como una negociación para actualizar un Estatuto Marco de 2003, hoy se ha convertido en un laberinto de reproches cruzados donde la figura del mediador, lejos de ser el puente hacia el acuerdo, se ha erigido como el último debate.
Mientras el Ministerio de Mónica García acusa a los sindicatos de "inmovilismo" y falta de voluntad, los líderes del Comité de Huelga denuncian una estrategia deliberada de distracción para no abordar el núcleo del problema: el agotamiento y la precariedad de los facultativos.
"Son fuegos de artificio para ocultar la realidad"
La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha sido una de las voces más crítica ante la propuesta del departamento de Mónica García de incluir a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadora en el conflicto. Para Hernández, esta maniobra "carece de calado negociador y responde únicamente a un interés mediático. En lo que al final se parecen todas las administraciones, es en que crean fuegos de artificio para no tratar lo realmente importante, que son las condiciones laborales de los médicos", ha sentenciado a Gaceta Médica con dureza.
Hernández no solo rechaza el nombre propuesto, sino el concepto mismo que maneja la administración. Según explica, el Ministerio no está planteando un mediador real, sino "un observador institucional independiente", una figura que, recalca, "necesita aceptación por ambas partes" y "no puede nacer de un cruce de titulares". Hernández tilda estas iniciativas de "maniobras de distracción" y "ocurrencias que no ayudan en nada a resolver el conflicto", destinadas a ser "cortinas de humo para desviar la atención".
El trasfondo que Sanidad intenta esquivar, según Hernández, es la situación de extrema precariedad que viven los profesionales. "Los médicos y facultativos en España tenemos unas condiciones de semiesclavitud", denuncia. Por ello, califica de "absurdo" el argumento ministerial de que las demandas ya han sido atendidas: "Nadie estaría en huelga si eso fuese así". Para ella, estas propuestas son "cosas de manual que pueden quedar muy bonitas sobre el papel, pero que en realidad lo único que hacen es entorpecer las reuniones".
Un perfil técnico
En la misma línea de rechazo se sitúa Víctor Pedrera, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Los sindicatos llevan meses denunciando un "silencio administrativo asfixiante" por parte del Ministerio, lo que ha fracturado la confianza necesaria entre ambas partes de cara a cualquier avance. Según Pedrera, preguntando por Gaceta Médica acerca del mediador antes de las vacaciones, "la complejidad técnica del Estatuto Marco exige que quien medie tenga un conocimiento profundo de la legislación laboral médica".
Pedrera sostiene que "resulta necesario un perfil mucho más técnico y laboral". El presidente de CESM insiste en que la solución pasa por "buscar un mediador en condiciones, conocedor del tema y que fuera aceptable tanto por la administración como por nosotros. La neutralidad exigible a una figura mediadora no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado".
Desde el Comité de Huelga se considera "improcedente" que los pacientes asuman este rol, ya que, al ser la parte directamente afectada por los paros, no pueden garantizar la neutralidad requerida. De hecho, los sindicatos han llegado a proponer que las reuniones sean grabadas "para asegurar la fidelidad de la información" ante las discrepancias en las interpretaciones de los encuentros.
El órdago que el Ministerio de Sanidad lanza al Comité
La respuesta de la administración ha sido igualmente contundente. Sanidad lamenta lo que considera "un cierre a explorar vías de entendimiento" por parte de los sindicatos, a quienes invita a "traer su propio mediador" si rechazan el de la administración, con el fin de no demorar más un proceso que ya ha provocado la pérdida de 1,5 millones de citas médicas.
Desde el equipo de Mónica García se cuestiona incluso la "capacidad de decisión efectiva" de los miembros del Comité de Huelga, sugiriendo que el bloqueo es fruto de una postura política más que laboral. La ministra insiste en que el borrador del Estatuto ya es "un hito histórico" que moderniza una norma de hace 23 años y que muchas de las quejas, como el pago de las guardias o las retribuciones, dependen de las competencias autonómicas y no del Estado.
Un escenario al límite: el 9 de abril y las seis líneas rojas
La tensión ha trascendido los despachos para convertirse en una batalla política de primer orden. Los consejeros de sanidad del bloque del Partido Popular han formado un frente común, exigiendo a la ministra una salida negociada y financiación finalista. El ultimátum es claro: si para el 27 de abril, fecha de la próxima gran ola de paros, no hay acuerdo, exigirán a Pedro Sánchez la destitución de García.
El Comité de Huelga mantiene sus seis líneas rojas irrenunciables, que incluyen la creación de un Estatuto propio, la clasificación profesional en el Grupo A1 Plus (Grupo 9) para reconocer los 11 años de formación, y la jornada de 35 horas con guardias voluntarias pagadas al 150%. Sanidad, sin embargo, sigue tildando de "técnicamente inviables" o incluso "ilegales" estas pretensiones, especialmente en lo relativo a la nueva clasificación profesional.
Con un seguimiento de la huelga que alcanza el 80% en hospitales, el próximo Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del 9 de abril se presenta como la última oportunidad para evitar que la primavera de movilizaciones se extienda de forma indefinida hasta el verano. Si no hay un giro radical ante es clima de desconfianza, los facultativos ya han advertido que el calendario de paros de una semana al mes continuará imparable.
