En plena escalada del conflicto con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, los principales sindicatos médicos han intensificado su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladar sus principales reivindicaciones y buscar apoyos políticos que ayuden a desbloquear la negociación.
En este contexto, tras las reuniones mantenidas con VOX, el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Comité de Huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA)— ha remitido un documento a las formaciones parlamentarias en el que expone sus demandas prioritarias para alcanzar un acuerdo y poner fin al conflicto que mantienen con el Ministerio de Sanidad.
Estas reuniones se producen como antesala de una nueva huelga médica nacional convocada del 16 al 20 de marzo. Al igual que en el paro de febrero, los sindicatos prevén iniciar las movilizaciones con una manifestación que recorrerá el trayecto entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad el propio 16 de marzo. Este sería el segundo paro del calendario de movilizaciones previsto hasta junio.
“Imprescindible establecer una negociación a nivel estatal con los representantes elegidos por los médicos y facultativos con el fin de alcanzar un pacto que dé salida a las reivindicaciones de la profesión”
La documentación se ha trasladado tras los encuentros mantenidos con representantes de las distintas formaciones políticas en el Congreso de los Diputados. En ella, las organizaciones sindicales recuerdan que consideran “imprescindible establecer una negociación a nivel estatal con los representantes elegidos por los médicos y facultativos con el fin de alcanzar un pacto que dé salida a las reivindicaciones de la profesión”. Asimismo, la propuesta insiste en la necesidad de “retomar el diálogo” con la Administración para encauzar el conflicto.
Estas demandas no son nuevas, los sindicatos médicos llevan reiterándolas durante más de un año. Según detallan en este documento, el objetivo del eventual pacto sería corregir una situación que, a su juicio, discrimina al colectivo médico dentro del sistema sanitario. En este sentido, su prioridad principal es la necesidad de establecer un "Ámbito de Negociación propio para los facultativos", con un sistema de representación específico tanto a nivel estatal como autonómico y basado en mesas de negociación propias para este colectivo profesional. Esta reivindicación es una de las mas repetidas, ya que afirman que su representación dentro del Ámbito de Negociación actual de sindicatos nacionales es inferior al 20%.
Reclasificación y jornada laboral
El documento también plantea una profunda revisión del modelo de clasificación profesional. Los sindicatos reclaman “un nuevo sistema basado en los créditos universitarios del sistema MECES, la especialización y el nivel de responsabilidad clínica”. A su juicio, “no se pueden equiparar titulaciones con diferentes niveles de formación y responsabilidad”, por lo que defienden que los grupos de titulaciones MECES 3 —con y sin especialidad— estén diferenciados y situados por encima de otros grupos profesionales.
Asimismo, consideran necesario que el sistema contemple “el grado de responsabilidad sobre los procesos asistenciales de los pacientes” y que delimite “con claridad las diferencias entre la responsabilidad del diagnóstico y tratamiento y el resto de competencias profesionales”. Este cambio, sostienen, debería ir acompañado de una modificación coherente de las retribuciones básicas vinculadas al nivel formativo necesario para cada categoría profesional.
“No se pueden equiparar titulaciones con diferentes niveles de formación y responsabilidad”
Otra de las cuestiones centrales que plantean las organizaciones sindicales es la jornada laboral. Entre sus reivindicaciones figura la mejora del régimen de jornada específica del médico, con “un modelo flexible que respete los límites establecidos por la Unión Europea”. En este sentido, proponen “una jornada ordinaria de 35 horas semanales en horario de 8.00 a 15.00 horas” y que “las horas que superen ese límite se consideren exceso de jornada, se retribuyan por encima de la hora ordinaria máxima y computen para la jubilación”. También plantean que “los descansos asociados a las guardias computen como jornada laboral” y que “se establezca una regulación y limitación de las guardias localizadas”.
El objetivo, según explican, es alcanzar “un modelo de jornada máxima obligatoria de 35 horas semanales” en el que puedan coexistir “la jornada ordinaria diurna y la jornada a turnos”, sin descartar “ampliaciones voluntarias con reconocimiento en cómputo laboral, jubilación, carrera profesional y retribuciones”. Este sistema sustituiría al actual modelo de jornada ordinaria y jornada complementaria basada en las guardias y podría implantarse “de forma progresiva en un periodo de entre tres y cinco años”, acompañado de “una adecuación de las plantillas y de un incremento retributivo de la actividad extraordinaria”.
Propuestas para mejorar la profesión médica
El documento también incluye diversas propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de ejercicio de la profesión médica. Entre ellas figuran la equiparación del régimen de incompatibilidades con el del resto de empleados públicos, el reconocimiento de la profesión médica como profesión de riesgo por su especial penosidad, el pago íntegro de las pagas extraordinarias incluyendo todos los complementos y la eliminación de la movilidad forzosa.
Asimismo, plantean ampliar la carrera profesional con un quinto grado, establecer límites en la presión asistencial tanto en atención primaria como hospitalaria en función de los criterios de las sociedades científicas y desarrollar estudios de cargas laborales que determinen las necesidades reales de médicos y facultativos en todos los puntos de atención sanitaria.
En materia de jubilación, los sindicatos defienden “la implantación de un sistema flexible y voluntario que permita retirarse entre los 60 y los 70 años”, así como “la introducción de la jubilación parcial para el personal estatutario”. También reclaman “la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada sin penalización mediante un sistema de coeficientes que reconozca la penosidad del trabajo médico y las particularidades de su régimen de jornada”.
“El sistema sanitario público podría enfrentarse a un proceso progresivo de pérdida de profesionales médicos”
Según el comité de huelga, alcanzar un acuerdo sobre estas cuestiones generaría “un doble efecto positivo para el sistema sanitario”. Por un lado, permitiría “mejorar de forma sustancial la calidad asistencial que los médicos y facultativos prestan a la ciudadanía”. Por otro, contribuiría a “fidelizar el talento médico e incluso atraer profesionales de otros países o sistemas sanitarios”, lo que podría ayudar a paliar las "dificultades actuales" para cubrir determinadas plazas en la sanidad pública.
En caso contrario, advierten, “el sistema sanitario público podría enfrentarse a un proceso progresivo de pérdida de profesionales médicos”. A su juicio, esta situación conduciría a “una descapitalización del sistema” que acabaría comprometiendo “su capacidad para responder adecuadamente a las necesidades sanitarias de la población”.
