El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado nuevamente que el nuevo borrador Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud recoja de forma clara la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los profesionales, una medida que todavía no se ha aplicado en cinco comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.
La organización sindical recuerda que la ampliación de jornada a 37,5 horas fue impuesta por el Gobierno en 2012, en plena crisis económica. Aunque en 2018 se abrió la puerta para que las comunidades autónomas pudieran recuperar la jornada de 35 horas, la medida aún no se ha extendido de forma completa. Actualmente, sigue sin aplicarse en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia (en el ámbito de Atención Primaria), Madrid y Navarra, además de en las dos ciudades autónomas.
SATSE, que participa en la negociación del nuevo borrador Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad junto con el resto de organizaciones que pertenecen al Ámbito de Negociación, considera prioritaria la recuperación de esta jornada como “una cuestión de justicia” y una forma de corregir las desigualdades laborales entre profesionales del mismo sistema sanitario, pero que trabajan en territorios distintos.
“La disparidad de condiciones laborales entre comunidades autónomas es un agravio que no se puede seguir tolerando”, denuncian desde el sindicato, que insiste en que esta desigualdad no responde a criterios técnicos ni asistenciales, sino a decisiones políticas. Además, recuerdan que el contexto económico ha cambiado de forma sustancial desde 2012, con una recuperación sostenida que, según el propio Gobierno, sitúa a España a la cabeza del crecimiento en Europa.
SATSE también defiende que volver a las 35 horas no solo supone una mejora para las condiciones laborales de enfermeras y fisioterapeutas, sino que tendría un impacto positivo en la calidad de la atención al permitir una mejor organización de los recursos y una mayor contratación de personal. “La reducción de jornada permite crear más empleo y mejorar la disponibilidad de profesionales para atender a los pacientes”, apuntan.
Desde el sindicato subrayan que la reforma del Estatuto Marco debe servir para establecer unas bases comunes que garanticen condiciones dignas y homogéneas para los cerca de un millón de profesionales que trabajan en los servicios de salud autonómicos. “El objetivo es lograr un marco legal a la altura del valor y compromiso de quienes sostienen el sistema sanitario público”, concluyen.
