La sanidad española ha pasado la tercera semana de paros médicos. Lo que comenzó como una serie de discrepancias técnicas sobre la reforma del Estatuto Marco se ha transformado, tras 17 jornadas de paro y más de una decena de reuniones fallidas, en un polvorín político y asistencial que amenaza con cronificarse pese al impacto en la asistencia que desde el PP sitúan en más de dos millones de actos médicos cancelados.
La tercera semana de huelga médica, que arrancó este lunes 27 de abril, no solo ha consolidado el bloqueo, sino que ha elevado el conflicto al despacho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras el clamor por la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, se extiende desde los sindicatos hasta socios estratégicos del Ejecutivo como el PNV, pasando por un frente común de los consejeros del Partido Popular.
El Comité de Huelga apela directamente a Pedro Sánchez
El lunes arrancó con un movimiento estratégico definitivo: el Comité de Huelga, integrado por CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA, envió una carta formal a Pedro Sánchez exigiendo que asuma personalmente el control de la negociación. Los sindicatos consideran que la situación "ya excede al Ministerio de Sanidad" y "se ha convertido en una cuestión de Gobierno" que requiere la intervención de departamentos como Hacienda, Función Pública y Seguridad Social.
Para los representantes de los facultativos, Mónica García ha dejado de ser "una interlocutora válida". Atribuyen este agotamiento al "desgaste político de la ministra", a una supuesta falta de capacidad de decisión efectiva y a su reciente anuncio de concurrir a las primarias de Más Madrid para 2027, lo que a ojos del Comité confirma que "ha utilizado su cargo como un trampolín político".
Solo en las dos primeras semanas de huelga se cancelaron más de 1,5 millones de actos médicos. El Partido Popular eleva la cifra a casi dos millones en sus comunidades autónomas, con más de 61.000 cirugías suspendidas
"Es muy triste llegar a una huelga de médicos y facultativos, aún más llegar a la tercera semana de huelga indefinida intermitente sin que haya habido visos de reunión o de intentar detener todo esto. Desde luego, ahora mismo tenemos a una ministra de sanidad que está que ha perdido absolutamente el norte que está dedicada a otros temas políticos partidistas los suyos y que no aporta, tiene que apartarse", explicaba Ángela Hernández, Secretaria General de AMYTS, durante la última concentración prevista para esta semana en Madrid. "Es increíble que esté adoptando los mismos argumentos que han tomado otros en el pasado para ir contra de nuestras reclamaciones. Desde luego merecemos mejores dirigentes".
Un conflicto que salta a la arena política nacional
El malestar asistencial ha tenido un eco inmediato en otras esferas políticas. El líder del PNV, Aitor Esteban, ha irrumpido en la crisis pidiendo el cese de Mónica García si no es capaz de resolver el conflicto, afirmando que "es imposible resolver el asunto con esta señora" y denunciando que "las instituciones vascas tienen las manos atadas ante un bloqueo que depende de Madrid".
En el Congreso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, centró su ataque en Sánchez acusándole de "despreciar a los profesionales y de no saber ni que hay huelga de médicos desde hace diez meses". Por su parte, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha calificado la gestión de la ministra como la de "un caballo de Troya contra el sistema".
Mónica García se ha defendido en las cámaras asegurando que ha mantenido 26 reuniones con los sindicatos y acusando a estos de "desleales" por "acordar con una mano y romper el acuerdo con la otra para mantener el conflicto vivo". Según la ministra, el acuerdo "les gusta de puertas para adentro, pero no lo firman porque no saben si se van a poder poner la medalla".
El coste económico del conflicto ya supera los 118 millones de euros en Andalucía y los 11,7 millones en la Comunidad de Madrid
Radiografía de los paros
El inicio de esta tercera semana ha reflejado un seguimiento similar, según fuentes sindicales, el paro alcanza en torno al 80% en hospitales y el 60% en Atención Primaria de media nacional. Mentras los datos oficiales por autonomías dibujan un escenario ya cronificado.
Andalucía mantiene un seguimiento global cercano al 20%. El balance de estas semanas de huelga médica supera los 816.000 actos asistenciales suspendidos y un impacto económico de 118 millones de euros. Solo en una jornada se han llegado a anular 50.000 actos médicos. Galicia escaló el 23,45%, con más de 185.000 actos médicos suspendidos desde el inicio del conflicto.
En la Comunidad de Madrid "se han suspendido más de 170.000 consultas, 8.000 cirujías, y 17.000 pruebas diagnósticas, con un impacto económico de 12,2 millones", explicaba esta mañana Fátima Matute, Consejera de Sanidad, que calificaba de "nefasta la gestión de Mónica García que ha conseguido que exista una marea de batas blancas en contra de Pedro Sánchez, contra el Gobierno, porque ya no la consideran una interlocura váiida. Nosotros interlocutamos con todos aquellos que son necesarios, y claro que nos reuniremos". Añadió que "lo primero que necesitamos es financiación", para hacer frente a las mejoras que exigen los médicos, además de "una memoria de viabilidad técnica y jurídica". Concluyó adelantando que "estamos trabajando para cambiar el modelo de organización de nuestro sistema sanitario, que ahora está encorsetado y no da respuesta a las necesidades actuales"
los datos del SERMAS contabilizan 152.185 consultas perdidas y más de 7.300 cirugías suspendidas, con un coste para las arcas regionales de 11,7 millones de euros, tras tres semanas de conflicto. Ante el bloqueo nacional, la Consejería madrileña ha convocado a AMYTS a una reunión técnica, que se ha pospuesto hasta la próxima semana, para intentar desatascar puntos autonómicos como el pago de las guardias.
Hasta el moemnto en el País Vasco más de 300.000 personas han visto alterada su atención, provocando que la lista de espera quirúrgica aumente de 54 a 76 días de media desde el pasado mes de febrero.
Mientras, la Comunidad Valenciana, en un movimiento paralelo, ha convocado la Mesa Sectorial para el 4 de mayo con el fin de negociar la implantación de las 35 horas en 2027, vinculándolo a "la viabilidad presupuestaria".
El Comité de Huelga ha solicitado por carta a Pedro Sánchez que tome el «control político» de la situación, al considerar que Mónica García ya no es una interlocutora válida tras su anuncio electoral para 2027
El Partido Popular cifra en 1.989.824 las consultas e intervenciones quirúrgicas pospuestas desde la primera huelga médica de junio de 2025 en las comunidades autónomas gobernadas por el partido. 1.928.774 corresponden a consultas hospitalarias y de Atención Primaria, mientras que 61.050 son intervenciones quirúrgicas canceladas o aplazadas. La comunidad más afectada, según los datos del PP, es Andalucía, con 753.800 actos asistenciales pospuestos, seguida de la Comunidad Valenciana, con 214.426, y Castilla y León, con 207.895.
Galicia sitúa las cancelaciones en 172.200; Extremadura, con 160.911; y la Comunidad de Madrid, con 159.542. Por debajo aparecen la Región de Murcia, con 97.117; Cantabria, con 94.730; Aragón, con 50.573; Baleares, con 47.830; y La Rioja, con 30.800.
El abismo técnico: los cinco puntos que dinamitaron la negociación
Tras romperse el pacto de silencio diseñado para proteger las mesas de diálogo, durante la reunión del 17 de abril, han salido a la luz los documentos internos que revelan un abismo técnico y legal entre las partes. El bloqueo se ha enquistado en cinco ejes fundamentales:
- La mesa de negociación propia. Es el principal punto de la negociación. Los médicos exigen un ámbito de negociación exclusivo donde tratar sus condiciones sin la tutela de sindicatos generalistas como CCOO o UGT, a quienes no consideran representantes de sus intereses técnicos. Sanidad propone "reforzar el Foro Profesional", una fórmula que los médicos tachan de "trampa jurídica" que permitiría a las centrales mayoritarias bloquear cualquier acuerdo específico.
- Jornada de 35 horas. Los facultativos reclaman su implantación inmediata en todo el territorio nacional. El Ministerio, por contra, plantea una reducción progresiva a tres y cinco años, manteniendo mientras tanto jornadas de hasta 45 horas en cómputo cuatrimestral.
- Clasificación profesional (Grupo A1 Plus). Los médicos exigen un reconocimiento administrativo (Grupo 9 o A1 Plus) acorde a sus 11 años de formación y responsabilidad legal. Aunque Sanidad acepta «abordar la adaptación», de puertas adentro ha calificado la propuesta como "técnicamente inviable".
- Fin de las guardias de 24 horas. La ministra abandera un límite de 17 horas de guardia como un hito de "sentido común". Sin embargo, los sindicatos denuncian "la letra pequeña que permite llegar a las 24 horas con consentimiento expreso del trabajador". Exigen, además, que la atención continuada se pague al 150% de la hora ordinaria.
- Jubilación flexible y penosidad. El colectivo pide reconocer la penosidad del ejercicio médico tras décadas de guardias nocturnas, aplicando coeficientes reductores para una jubilación anticipada sin penalizaciones económicas. Sanidad se limita a ofrecer el inicio de trámites ante la Seguridad Social conforme a la normativa general.
De la "deuda histórica" a la "traición": una guerra por el relato
El conflicto ha dejado de ser estrictamente laboral para convertirse en una batalla dialéctica. Mientras el Ministerio se aferra a que el nuevo Estatuto Marco "es una deuda histórica necesaria para acabar con 23 años de legislación obsoleta", los facultativos lo tachan directamente de "traición".
La principal línea roja de los facultativos es la creación de una mesa de negociación propia que les permita negociar sus condiciones sin la tutela de los sindicatos generalistas (CCOO y UGT)
Líderes sindicales como Ángela Hernández (AMYTS) denuncian que en las mesas de negociación los representantes del Ministerio "solo cambiaban párrafos de sitio con alguna pequeña mejora". Por el contrario, la ministra García asegura que no puede ceder ante peticiones que considera "ilegales" o que invaden competencias autonómicas, insistiendo en que el Ministerio marca los mínimos pero son las comunidades las que deben ejecutar y pagar las mejoras.
Víctor Pedrera, secretario general de CESM, ha señalado para Gaceta Médica que, aunque inicialmente percibió "voluntad y ganas de alcanzar un acuerdo" por parte de los negociadores de Sanidad, el proceso se ve sistemáticamente frustrado por los sindicatos generalistas, quienes "bloquean cualquier avance porque no están dispuestos a que los médicos tengamos un ámbito de negociación propio". Pedrera denuncia que las propuestas del Ministerio se limitan a "cambios cosméticos y a mesas supeditadas a la mesa general", la cual "nunca va a autorizar que negociemos de forma independiente", por lo que exige reformas normativas que equiparen a España con el resto de Europa.
En declaraciones a Gaceta Médica, apunto a la posibilidad de renunciar a un estatuto propio a favor de una mesa de negociación directa, pero esta exigiría un cambio en la legislación para ser garantista. Asimismo, el líder sindical ha criticado que, tras la postulación electoral de Mónica García, "los problemas de la cartera de Sanidad parecen haber pasado a ser secundarios para la ministra".
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la reforma del Estatuto Marco como "una deuda histórica necesaria para abrir cajones con legislación obsoleta y poner límites al maltrato que sufren los profesionales". García ha acusado frontalmente a los sindicatos médicos de actuar con "deslealtad", afirmando que "no se puede con una mano acordar y con la otra mantener una huelga". Sostiene que aunque el acuerdo les gusta de puertas para adentro, "no lo firman porque no saben si se van a poder poner la medalla". Finalmente, ha ratificado su intención de agotar su mandato asegurando que le queda casi un año al frente de la cartera y que no abandonará la reforma porque supondría "traicionar a sus compañeros de profesión".
A falta de un movimiento político sustancial desde la Moncloa, el Comité de Huelga ya ha diseñado un calendario de paros de una semana completa durante los meses mayo y junio. Los profesionales advierten de que el Sistema Nacional de Salud "se encuentra en un punto de no retorno. La falta de reconocimiento y la sobrecarga laboral están haciendo que la sanidad pública deje de ser atractiva para las nuevas generaciones de MIR, lo que pone en riesgo la viabilidad futura del sistema", aclaran.
