El Foro de la Profesión Médica, en su reunión de este martes, ha reiterado su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y ha mostrado su apoyo unánime a la huelga médica convocada para este viernes. Las organizaciones que lo integran consideran que este borrador perpetúa una situación de sobrecarga laboral, sin garantías de descanso ni conciliación, y sin un reconocimiento justo de la formación, responsabilidad y especificidad del trabajo médico dentro del proceso asistencial.
Por ello, defienden la creación de un Estatuto propio para el colectivo médico, fruto de un ámbito de negociación específico donde su voz tenga un papel central. Desde el Foro insisten en que este marco normativo debería abordar aspectos clave como una jornada laboral conforme a la normativa europea, un sistema retributivo acorde con la especialización y responsabilidad del médico, un modelo de jubilación flexible y un sistema de evaluación del desempeño positivo y justo.
Asimismo, rechazan la movilidad forzosa y defienden la compatibilidad profesional sin penalizaciones económicas. En esta línea, expresan su respaldo a las demandas del Comité de Huelga y llaman a otras organizaciones a sumarse a la movilización, advirtiendo que una regulación adecuada del colectivo médico es esencial para atraer talento y garantizar una atención de calidad a los pacientes.
CACM apoya la huelga
Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) también ha mostrado su apoyo a la huelga convocada por el Comité de Huelga. El CACM denuncia que los proyectos normativos del Ministerio suponen una «amenaza directa» para la profesión médica al diluir sus competencias, comprometer la seguridad del paciente y atentar contra la calidad asistencial.
Consideran que estas reformas desconocen la importancia del papel del médico dentro del sistema sanitario, no solo como profesional técnico, sino como garante de los derechos del paciente. Además, el CACM alerta de que la tendencia del Ministerio podría llevar a una situación en la que recibir atención médica por parte de un profesional cualificado pase de ser un derecho universal a convertirse en un privilegio.
Ante este riesgo, insta al Ministerio a reconsiderar su postura y a apoyar a las comunidades autónomas en la defensa del derecho de los ciudadanos a ser atendidos por médicos, una garantía fundamental para la protección de los derechos humanos y la calidad del sistema sanitario público.
