La segunda huelga médica nacional convocada por el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) llega este viernes en un momento de máxima tensión entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad, tras semanas de negociaciones fallidas y una reciente reunión calificada por los sindicatos médicos como "improductiva". La protesta, que cuenta con un amplio respaldo del sector, se produce en respuesta a la reforma del borrador del Estatuto Marco, que los profesionales consideran perjudicial para sus condiciones laborales y una nueva muestra de lo que denuncian como “ninguneo institucional”.
Entre los recortes más graves que denuncian se encuentra la eliminación de medidas relacionadas con la conciliación familiar, la igualdad y la protección de la salud laboral. El texto suprime, por ejemplo, la compensación para profesionales que no puedan realizar turnos nocturnos por embarazo, lactancia o motivos de salud; flexibiliza la obligación de convocar procesos selectivos cada tres años en lugar de dos; y reduce el descanso semanal mínimo, lo que, según CESM y SMA, “consolida un modelo que precariza aún más las condiciones de los médicos”. Además, alertan de que en situaciones de crisis o escasez de personal, el Ministerio contempla la posibilidad de suspender jornadas y descansos sin contar siquiera con un informe de prevención de riesgos laborales, una medida que consideran directamente “una desprotección absoluta”.
El pasado martes, apenas tres días antes de la jornada de huelga, representantes del Comité de Huelga se reunieron con la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez, en un encuentro convocado con solo 24 horas de antelación, tras el anuncio de posibles acciones legales por parte de los sindicatos ante la falta de buena fe negociadora. Según relatan los portavoces sindicales, la reunión sirvió únicamente como una “puesta en escena” sin voluntad real de acuerdo, ya que no se presentaron propuestas concretas ni compromisos de avance en la negociación.
Manifestaciones por toda España
Paralelamente, la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que aglutina a 16 organizaciones médicas de todo el país, también mantuvo esta semana un nuevo encuentro con el Ministerio de Sanidad. En esta reunión tampoco se produjeron avances significativos. Desde APEMYF recuerdan que hace meses presentaron una propuesta formal de Estatuto Médico y Facultativo que recogía las especificidades de la profesión, pero lamentan que el Ministerio continúa enrocado y considera que el borrador actual es suficiente, a pesar del rechazo unánime del colectivo médico.
APEMYF insiste en que la reforma del Estatuto Marco que promueve el Gobierno sigue sin tener en cuenta las peculiaridades únicas de los médicos y facultativos, que requieren una regulación propia y adaptada. También subrayan que nadie mejor que los profesionales para definir sus propias condiciones laborales. Aunque el tono del Ministerio ha sido dialogante, desde la agrupación denuncian que no ha habido avances reales, lo que refuerza la sensación de estancamiento y falta de voluntad política.
“El nuevo borrador del Estatuto Marco consolida un modelo que precariza aún más las condiciones de los médicos”
Por ello, APEMYF se ha sumado al paro y ha registrado convocatorias en los territorios donde cuenta con una mayor implantación. Además, se han organizado manifestaciones en numerosas ciudades del país para visibilizar el malestar creciente del sector. En Madrid, por ejemplo, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha organizado una protesta que comenzará a las 10.00 horas frente al Congreso de los Diputados y se dirigirá hasta el Ministerio de Sanidad. En otras comunidades, como Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias, País Vasco, Aragón, Murcia o Andalucía, también se han convocado concentraciones ante delegaciones del Gobierno, hospitales y centros de salud.
Asimismo, sindicatos médicos integrados en la CESM han convocado concentraciones y manifestaciones en decenas de ciudades este viernes como parte de la jornada de huelga nacional. Las protestas tendrán lugar en hospitales, delegaciones del Gobierno y centros de salud de comunidades como Andalucía, Castilla y León, Aragón, Galicia, Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Ceuta y Madrid. En todas ellas, los profesionales exigen condiciones laborales dignas y un marco normativo que reconozca las especificidades de su labor.
Las organizaciones convocantes coinciden en que esta huelga no es un acto aislado, sino el reflejo de un profundo malestar acumulado durante años. Denuncian una situación de precariedad estructural, una sobrecarga creciente y una pérdida continuada de reconocimiento profesional. Para el Comité de Huelga, esta movilización es un mensaje claro a las autoridades: la profesión médica ha dicho basta y exige cambios estructurales reales. Si no hay avances en las próximas semanas, advierten, las movilizaciones continuarán.
Sanidad rechaza el Estatuto Propio
Entre las principales demandas del colectivo médico se encuentran la aprobación de un Estatuto Médico y Facultativo propio, un ámbito de negociación específico para los facultativos, una clasificación profesional adecuada a su nivel de formación y responsabilidad, y una regulación clara de la jornada laboral que ponga fin a la sobrecarga asistencial y al progresivo deterioro de las condiciones laborales en la sanidad pública. En este sentido, los sindicatos han solicitado al Ministerio la apertura de un calendario de reuniones serio y con plazos definidos para abordar estas cuestiones de forma estructurada. Sin embargo, según denuncian, los representantes ministeriales no se comprometieron a dar una respuesta concreta.
Durante el encuentro mantenido este martes entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, los representantes sindicales insistieron en la necesidad de retirar el actual borrador del Estatuto Marco y exigieron la apertura de un proceso de negociación específico para el colectivo médico. No obstante, desde Sanidad se rechazó esta propuesta, defendiendo que el documento ha sido fruto de más de tres años de trabajo técnico y político con comunidades autónomas y agentes sociales, y subrayando la importancia de mantener un marco común para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Esta vía abriría una “segregación” dentro del personal estatutario y generaría “incertidumbre y arbitrariedad” en la cobertura de servicios esenciales
Desde el Ministerio advierten que aceptar las propuestas de los médicos —como la voluntariedad de las guardias y la atención a urgencias— pondría en riesgo la cohesión del Sistema Nacional de Salud. A su juicio, esta vía abriría una “segregación” dentro del personal estatutario y generaría “incertidumbre y arbitrariedad” en la cobertura de servicios esenciales. En respuesta a las críticas, Sanidad sostiene que el borrador ya incorpora medidas específicas para el colectivo médico, como un capítulo propio, la convocatoria bienal de OPE y mecanismos para mejorar la movilidad geográfica del personal fijo.
El documento también contempla limitaciones a la jornada laboral, fijando un máximo de 45 horas semanales, con un tope de 17 horas para las guardias. Además, se elimina la deuda horaria derivada de estas y se reconocen exenciones por motivos de salud, edad o conciliación familiar. Para cualquier ampliación del tiempo de trabajo, será necesario el consentimiento explícito del profesional. Sanidad también subraya que la formación, la investigación, la docencia y la gestión se computarán como tiempo efectivo de trabajo, y recuerda que el personal sanitario será reconocido como autoridad pública frente a agresiones.
El Ministerio defiende que la reforma del Estatuto Marco responde a la necesidad de modernizar una normativa vigente desde 2003 y que afecta a más de 700.000 profesionales del SNS. Considera inaceptable que un solo colectivo condicione un cambio “equilibrado y fruto del consenso” y señala que las vías legales para plantear un Estatuto propio, como una Iniciativa Legislativa Popular, siguen abiertas.
