La tensión en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) se mantiene tras las elecciones del pasado 17 de diciembre, cuyos resultados aún no se han materializado en un relevo de la Junta Directiva. Desde la candidatura ganadora, 'Icomem Para Todos', denuncian que la actual dirección, encabezada por Manuel Martínez-Sellés, continúa en funciones con el mandato caducado y mantiene un régimen retributivo que consideran "injustificado".
Según esta candidatura, los seis miembros del equipo directivo en funciones generan un gasto mensual de más de 50.000 euros en sueldos y dietas, lo que habría supuesto un coste total de 640.000 euros para la institución en 2023. Asegura, además, que el presidente en funciones se estaría beneficiando económicamente del actual bloqueo institucional, al impedir la toma de posesión de los nuevos representantes.
Tomás Merina, candidato ganador en las últimas elecciones, ha dirigido una carta a la entidad bancaria con la que opera el Colegio para alertar sobre esta situación. En ella, solicita que se tomen medidas para proteger el patrimonio de los colegiados madrileños, advirtiendo de que "personas con facultades de disposición caducadas están gestionando fondos más allá de los gastos fijos imprescindibles".
Asimismo, Merina recuerda que el artículo 19.1 de los estatutos del ICOMEM limita el mandato de los cargos directivos a un máximo de cuatro años. El actual equipo tomó posesión en octubre de 2020, por lo que, según afirma, su mandato ya habría expirado. También señala que han transcurrido más de 45 días desde los comicios del 17 de diciembre, plazo máximo que marcan los estatutos (art. 18.8) para formalizar el relevo. Por todo ello, considera que el mandato de la Junta se encuentra "doblemente caducado".
Respuesta de la actual Junta Directiva
Ante estas acusaciones, la actual Junta Directiva del ICOMEM ha emitido un comunicado considera "imprescindible" aclarar a todos los colegiados algunas afirmaciones "erróneas o tergiversadas" que se han hecho públicas en relación con la situación económica y retributiva de esta institución. El ICOMEN niega cualquier incremento en sus retribuciones respecto a etapas anteriores. Aseguran que, desde su toma de posesión en 2020, se han aplicado medidas de contención y reducción de costes, incluyendo una rebaja en las percepciones de los cargos electos.
Como ejemplo, detallan que la retribución bruta mensual de una vocalía ha pasado de 1.208,32 euros en 2021 a 916,60 euros en la actualidad, lo que representa una reducción superior al 24%. Estas cifras, según indican, están registradas en la contabilidad oficial del Colegio y son verificables.
Desde la Junta se subraya que las retribuciones actuales siguen los mismos criterios y cuantías aprobadas en mandatos anteriores y que no se han producido aumentos durante la legislatura. Acusan a la candidatura de Merina de lanzar mensajes alarmistas y de distorsionar los datos económicos para generar confusión entre los colegiados.
También recuerdan que el Colegio se somete periódicamente a auditorías externas y que próximamente se publicarán los datos correspondientes al ejercicio 2024, que incluirán con total transparencia la información económica y retributiva.
Finalmente, lamentan que en lugar de esperar a la resolución judicial de los procedimientos en curso, se recurra a comunicados públicos que "deterioran la imagen de la institución". La Junta Directiva advierte de que se reserva el derecho a emprender acciones legales ante cualquier manifestación que atente contra el honor o la veracidad de la corporación y reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del Colegio como entidad al servicio de la profesión médica.
