.El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una iniciativa cuyo objetivo declarado es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios, reforzando un marco que el departamento define como universal, equitativo, transparente y orientado a la calidad.
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha valorado este anteproyecto de ley, reiterando la aportación del sector sanitario privado a la sostenibilidad del sistema y su compromiso con una colaboración público-privada “transparente y eficiente”, orientada a garantizar la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente.
La colaboración entre el ámbito público y privado constituye “una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario”
Desde la Fundación IDIS subrayan que la colaboración entre el ámbito público y privado constituye “una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario”, siempre con el objetivo de ofrecer “soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad en nuestro país”. En este sentido, consideran esencial contar con “un marco de relación consensuado entre sector público y privado, en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios fundamentales”.
Limitación de la gestión
En relación con el contenido del anteproyecto, la Fundación IDIS advierte de que la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados, así como la facilitación de procesos de reversión de modelos de gestión privada, “pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria”.
A su juicio, la colaboración público-privada en España contribuye, entre otros aspectos, a aliviar las listas de espera y a mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes, por lo que restringir este modelo “podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas”.
La entidad insiste en que seguirá trabajando para preservar aquellas herramientas que considera clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario. “Cualquier reforma o modificación debe estar basada en criterios que favorezcan a los pacientes y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema”, señala, advirtiendo de que “la limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial”.
Restringir este modelo “podría generar más dificultades en el acceso a los servicios”
En este contexto, la Fundación IDIS afirma que resulta “importante y necesario contar con prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia”, con el fin de dar respuesta a los desafíos sanitarios y a los objetivos de salud de la sociedad. Ante el aumento de las demandas asistenciales y de la complejidad clínica, la entidad considera fundamental “aprovechar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados”, para garantizar un sistema sanitario robusto y sostenible, siempre en beneficio de los pacientes.
El Ministerio de Sanidad fundamenta la iniciativa en la evolución del sistema durante las últimas décadas y sostiene que, aunque el SNS ha priorizado mayoritariamente la gestión pública desde su creación, la proliferación de modelos de gestión privada se ha asociado, según el Ministerio, a fenómenos de fragmentación, déficits de transparencia y una menor capacidad de control institucional.
El anteproyecto amplía además su ámbito de aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos del SNS, e incorpora como ejes del texto principios como la universalidad, la accesibilidad, la sostenibilidad, la calidad, la eficiencia, la transparencia, la equidad, la solidaridad, la participación, la colaboración y el buen gobierno.
