Tras los recientes acontecimientos en el Hospital Universitario de Torrejón —la dimisión de Pablo Gallart, consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera y gestor del hospital, y el envío por parte de la Comunidad de Madrid de un equipo para inspeccionar la gestión del centro—, los jefes de Servicio y los supervisores de Enfermería han emitido un comunicado en nombre de todo el centro. En él defienden que «siempre han actuado con responsabilidad, profesionalidad y, por supuesto, desde una ética incuestionable».
Los profesionales han asegurado que en los 14 años de historia del hospital «nunca han adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los mismos y sus familiares». A continuación, han añadido que seguirán trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación «para hacer del Hospital el orgullo de la población de Torrejón».
La polémica comenzó el 25 de septiembre, cuando Gallart, según un audio desvelado por El País, dio instrucciones a una veintena de directivos para «desandar el camino» en la bajada de listas de espera y «hacer iteraciones» (ajustes) con el objetivo de alcanzar un EBITDA (beneficio) de cuatro o cinco millones. Al día siguiente, tres miembros clave de la dirección asistencial de Ribera remitieron su denuncia por el canal ético interno. Los tres firmantes fueron despedidos al día siguiente, el 27 de octubre.
A raíz de toda la polémica suscitada, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una carta a la Comunidad de Madrid, solicitando la apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos revelados en el Hospital Universitario de Torrejón; la valoración, a la luz de los resultados de dicha investigación, de la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro; así como la extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional.
Según la ministra, si la investigación confirma vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas, «la Comunidad de Madrid está obligada a activar los mecanismos previstos en la ley, incluido el inicio del procedimiento para extinguir la concesión del Hospital Universitario de Torrejón«.
