A un mes de que expire el plazo, el próximo 28 de diciembre, la continuidad de la jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras de Atención Primaria sigue pendiente de confirmación definitiva. La medida, implantada inicialmente para paliar la falta de especialistas en los centros de salud, se aprobó en 2022 mediante una modificación de la Ley General de la Seguridad Social publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aquella reforma introdujo una disposición transitoria trigésima quinta que permitía a estos facultativos compatibilizar el ejercicio profesional, a jornada completa o parcial, con el cobro del 75% de la pensión contributiva, en lugar del 50% habitual.
La jubilación activa mejorada fue aprobada de forma extraordinaria durante la pandemia de la COVID-19 para todos los profesionales sanitarios, aunque decayó al finalizar 2022. Después, se mantuvo únicamente para médicos de familia y pediatras de Atención Primaria mediante el citado plan piloto de tres años.
El Ministerio de Sanidad asegura que tiene la «voluntad» de materializar la prorroga de este plan y, recuerdan que “la medida está incluida en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026”. Desde el Ministerio subrayan que “es necesaria una ley porque modifica la Ley General de la Seguridad Social”. No obstante, ante la posibilidad de que los PGE no salgan adelante, explican que “en ese caso, se prevé que pueda incluirse en algún real decreto ley que luego sea convalidado en el Congreso”.
El Ministerio de Sanidad asegura que tiene la «voluntad» de materializar la prorroga de este plan y, recuerdan que “la medida está incluida en el proyecto de ley de los PGE de 2026”
La jubilación activa lleva en boca de los profesionales desde hace varios meses, ya que existe la preocupación de que no se realice esa prorroga. El Sindicato Médico de Granada (SIMEG), a través del informe Atención Primaria: es muy urgente prorrogar la Jubilación Activa de Médicos de Familia y Pediatras, elaborado por el Centro de Estudios “Vicente Matas”, advierte de las consecuencias de no ampliar esta compatibilidad. El documento destaca que los profesionales que actualmente ejercen bajo este régimen “en principio no podrían continuar en activo, al estar jubilados a todos los efectos”.
Este mismo informe advierte de que la prórroga de la jubilación activa mejorada no solo es necesaria, sino “muy urgente”. Según las estimaciones del estudio, más de 1.100 médicos de familia y pediatras podrían quedar “jubilados a todos los efectos” si la medida decae el 28 de diciembre, lo que generaría “un grave problema para los ciudadanos, para los centros de salud y para toda la Atención Primaria”, con un impacto directo en el conjunto del SNS.
CCAA piden la prorroga a Sanidad
Ante esta situación, comunidades autónomas como Extremadura, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha trasladado la petición de la prorroga de la jubilación activa al Ministerio de Sanidad durante el último Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud: «La medida afecta actualmente a cerca de un centenar de profesionales en la región».
Desde la Consejería se ha señalado que se espera una respuesta favorable del Gobierno de la Nación, conscientes del “impacto negativo” que tendría en el sistema público de salud de Extremadura la finalización de esta disposición. La conclusión del Real Decreto-Ley afectaría a cerca de un centenar de profesionales de la sanidad pública extremeña, poniendo en riesgo la continuidad de la Atención Primaria en la región.
El documento de la SIMEG insiste en que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Seguridad Social, debe ampliar el plazo “urgententemente y sin demora”. El colectivo afectado está formado por profesionales que desean seguir trabajando y contribuyendo a aliviar la presión asistencial que soportan los centros de salud. “Necesitan urgentemente la prórroga, una solución que les permita seguir en activo”, subraya el informe.
“Necesitan urgentemente la prórroga, una solución que les permita seguir en activo”
SIMEG alerta de que este efecto dominó no solo afectaría a la asistencia en los centros de salud, sino también a los dispositivos de urgencias extrahospitalarias y hospitalarias, “en definitiva, al funcionamiento de todo el Sistema Nacional de Salud”. El impacto sería especialmente severo en las zonas rurales, aisladas o con población dispersa. Según el análisis, la retirada simultánea de tantos facultativos tendría una “especial repercusión en los municipios aislados y en la España vaciada”, donde la cobertura asistencial ya es frágil y depende en gran medida de la continuidad de estos profesionales veteranos.
Situación de emergencia
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado “de manera positiva” la propuesta de jubilación activa planteada en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque considera que es “insuficiente para afrontar la situación de emergencia que en estos momentos atraviesa nuestra sanidad pública”.
El sindicato insiste en que esta medida “debe extenderse a otros colectivos y de manera voluntaria”, tal y como propuso en la mesa de negociación, y subraya que debe complementarse con la regulación de la jubilación anticipada, también voluntaria, “para contemplar la situación de profesionales que habiendo cotizado 35 años (25 de ellos en el sistema público) deseen jubilarse a los 60 años porque se encuentran agotados”.
Para CSIF, la propuesta presentada “es precipitada” y evidencia “el momento crítico de nuestra sanidad”. Por ello, considera que debería integrarse en “una propuesta global para dar respuesta a los problemas del SNS que puso en evidencia la pandemia y que hoy, con la llegada de las bajas temperaturas y la escasez de profesionales, está dando lugar a situaciones muy difíciles en todas las comunidades autónomas”.
CSIF insiste en que esta medida “debe extenderse a otros colectivos y de manera voluntaria”
El sindicato exige al Ministerio impulsar un pacto de Estado que incluya medidas como el refuerzo de plantillas —“289.000 nuevas contrataciones de aquí a 2031”—, la mejora de las condiciones laborales y salariales “para evitar la fuga de profesionales al exterior”, un plan de rescate del talento emigrado y una inversión de 4.000 millones de euros para dotar de recursos al sistema y afrontar el Plan de Acción en Atención Primaria.
En esta misma línea va el Sindicato Médico de Granada (SMA), que advierte de que la Atención Primaria en España sufre “una falta grave de relevo generacional”, consecuencia del elevado número de jubilaciones y de la escasez de nuevos especialistas. En su último análisis, destaca que muchos médicos recién formados optan por ejercer “en hospitales, en la sanidad privada o en el extranjero, donde las condiciones laborales, profesionales e incluso retributivas son mucho mejores”.
La organización alerta de que la situación empeorará si no se prorroga la jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras. “De no renovarse, estos profesionales no podrían continuar en activo, al estar jubilados a todos los efectos”, señala el sindicato, que insta al Gobierno a garantizar su continuidad.
