El Ministerio de Sanidad ha sacado este lunes 13 de mayo a consulta pública el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este anteproyecto de ley supone el primer proyecto normativo íntegramente orientado a la regulación de la gestión pública del SNS. Tal y como se expone en el texto, existe la necesidad de establecer “de forma clara” la prioridad de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios, así como el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas en este ámbito, y bajo qué condiciones. Con ello se pretende reforzar normativamente diferentes aspectos relacionados con las garantías, el control y el seguimiento en materia de contratación en el SNS, y prevenir casos de fraude.
Ante la publicación de este anteproyecto, El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) "se mantiene expectante" a la espera de conocer en que se materializa el propio Proyecto de Ley. Por ello, en relación con los objetivos de la consulta pública previa abierta la Fundación IDIS manifiesta que "esta de acuerdo en la introducción de reformas o modificaciones que permitan que los pacientes tengan un sistema sanitario más robusto, resiliente y sostenible para cumplir con las necesidades crecientes de la sociedad". Sin embargo, lamenta que la limitación de la colaboración público-privada en Sanidad por "cuestiones ideológicas solo generaría el aumento de los problemas sanitarios para los pacientes".
En este sentido, explican que estarían de acuerdo en la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre ambos sectores que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes.
Con respecto a los objetivos de la Norma, en cuanto a la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro y a la facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de los servicios sanitarios públicos, la Fundación recalca que "el 40 por ciento de los recursos sanitarios en España son privados y colaboran asiduamente con el SNS". Además, añaden que la limitación de este tipo de acuerdos con ánimo de lucro solo se traduciría en "problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios del SNS, que ya soportan en el momento actual listas de espera obscenas".
Por último, en cuanto a la consulta pública previa, que aboga por alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad, más allá de renovar las bases de la colaboración público-privada, "ha de hacerse para garantizar el acceso al sistema en tiempo y en forma para los pacientes". Por ello, inciden que "lo más importante y urgente es la introducción de prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia para cumplir con los objetivos de la salud española".
