El Ministerio de Sanidad ha respondido ante la convocatoria de huelga por parte de SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, que han anunciado paros indefinidos todos los martes, a partir del 27 de enero, ante el rechazo del Ministerio de Sanidad a pactar un nuevo Estatuto Marco que beneficie a todo el personal estatutario del SNS. Tras un extenso proceso de diálogo que incluyó más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga y comunidades autónomas, el Ministerio asegura haber incorporado todas las demandas que están bajo su ámbito competencial.
Sanidad subraya que este texto alcanza el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, estableciendo un marco común que respeta las competencias autonómicas. Según el Ministerio, bloquear su aprobación debido a demandas que exceden el marco competencial implicaría perder una oportunidad histórica de reforma. Por ello, confían en que los avances sustanciales alcanzados motiven a reconsiderar las movilizaciones previstas.
Las principales medidas del nuevo marco
Uno de los objetivos centrales del Estatuto es poner fin a la inestabilidad y a las desigualdades territoriales. Para ello, se implementan medidas rigurosas contra la temporalidad, como las Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) Obligatorias cada dos años, los límites da la temporalidad, incluyendo nuevas herramientas de control, además de la digitalización completa de los trámites y la presentación de méritos.
En cuanto a la movilidad profesional, el borrador garantizaría un concurso de traslados anual. Esto será posible gracias a un sistema de concurso abierto y permanente, evitando situaciones donde los traslados no se convocaban durante décadas.
Jornadas y guardias
El nuevo Estatuto Marco pondría límites a la sobrecarga laboral y mejorando el descanso:
- Reducción de la jornada máxima. La jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, un límite que se sitúa por debajo de las 48 horas establecidas en la directiva europea.
- Carga horaria excesiva. Se crea la figura de la carga horaria excesiva, que obliga al Servicio de Prevención a intervenir y aplicar medidas correctoras inmediatas cuando se detecta.
- Guardias reducidas. La duración máxima de la guardia se reduce legalmente de 24 horas a 17 horas.
- Descansos que suman, no restan. Los descansos obligatorios (libranzas) asociados a las guardias, tanto previos como posteriores, ya no podrán generar deuda horaria. De hecho, esto se traduce en una reducción proporcional de las jornadas ordinarias por cada guardia realizada.
- Descanso integral:. Se consolida el reconocimiento de la pausa como tiempo de trabajo efectivo.
Además, se establece la obligación de ajustar los recursos humanos cuando se detecten excesos continuados, asegurando que las plantillas se estructuren para no generar sobrejornadas al personal.
Más protección y nuevos derechos profesionales
El texto no solo aborda la jornada laboral, sino que refuerza derechos fundamentales del personal sanitario. La conciliación se convierte en un derecho regulado del personal, incluyendo flexibilidad horaria, la obligación de informar la jornada con antelación, y la inclusión de medidas de conciliación específicas en los Planes de Igualdad de todos los centros.
Por otro lado, se extiende la protección para evitar noches y turnos penosos a supuestos de enfermedad, embarazo y cuidado de menores, además de la exención ya existente para mayores de 55 años. El Servicio de Prevención obtiene un papel mucho más activo, con intervenciones obligatorias cuando se superen los límites de jornada, y la inclusión de la evaluación de riesgos psicosociales.
También se reordena la clasificación abandonando los antiguos grupos EBEP y adoptando la estructura MECU/MECES, alineada con la realidad formativa sanitaria, garantizando que este cambio no implique pérdida salarial ni alteración de funciones asistenciales. Mientras, la formación, docencia e investigación se incorpora explícitamente al marco estatutario, debiendo ser integradas en la planificación funcional.
Por último, el tiempo de solape, vital para la correcta transmisión de información entre turnos, tendrá un reconocimiento estructurado y será regulado y negociado.
Límites: lo que el Estatuto Marco no puede incluir
El Ministerio ha sido transparente en señalar qué demandas, sin dudar de su legitimidad, quedan fuera de su ámbito de actuación al ser una ley básica estatal, ya que invadiría otras competencias. En primer lugar, el Estatuto no puede fijar importes salariales exactos, ya que las cuantías específicas (complementos, guardias, nocturnidad) dependen de la Ley de Presupuestos y de cada servicio de salud autonómico.
Tampoco puede establecer el límite obligatorio de 35 horas semanales, pues la duración de la jornada es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma. En cuanto a la jubilación anticipada, recae únicamente en la Seguridad Social. El Estatuto Marco se limita a establecer un marco claro para iniciar los procedimientos que permitan solicitar coeficientes reductores de jubilación para profesiones sanitarias que acrediten trabajos penosos, tóxicos o insalubres, remitiendo al Real Decreto 402/2025, explican desde el Ministerio.
Como ley básica, no puede entrar en detalles operativos o en la distribución concreta de turnos y guardias, ya que esto corresponde a la organización y gestión de los servicios sanitarios por parte de las CCAA.
El Ministerio de Sanidad reitera su compromiso con la mejora de las condiciones laborales, plasmada en este nuevo texto, y apela a la responsabilidad colectiva para no desaprovechar esta coyuntura de modernización. El proceso legislativo continuará abierto a aportaciones constructivas durante su tramitación parlamentaria, siempre dentro del respeto al reparto constitucional de competencias.
La respuesta de la oposición
Desde el Partido Popular hablan de falta de consenso y diálogo. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha exigido la "retirada inmediata del Estatuto Marco" y que el Gobierno asuma su responsabilidad por “poner en jaque la Sanidad”, señalando a la ministra de Sanidad, Mónica García, apuntando que "le ha estallado en las manos”, y considerando que se trata de una reforma “improvisada, chapucera y sin ninguna memoria técnica, jurídica ni económica, que el Gobierno ha impuesto sin diálogo, sin consenso y sin financiación”.
Pide que "se empiece de cero una reforma seria, dialogada y consensuada con profesionales, sindicatos y comunidades autónomas".
