La falta de enfermeras en las residencias de mayores compromete la calidad y la seguridad de los cuidados en un contexto de envejecimiento acelerado y creciente complejidad clínica. Esta es la principal conclusión del ‘Informe sobre la situación crítica de las enfermeras en las residencias en España’, presentado este martes por el Consejo General de Enfermería (CGE) y elaborado por su Instituto Español de Investigación Enfermera, que pone el foco en la precariedad estructural, la ausencia de datos oficiales y la disparidad normativa entre comunidades autónomas.
El informe sitúa el foco en una contradicción estructural difícil de sostener: mientras 356.200 personas mayores viven actualmente en residencias en España, en 2026 solo se han ofertado 99 plazas EIR de Enfermería Geriátrica para todo el país, en un sistema que además carece de un registro oficial actualizado sobre cuántas enfermeras trabajan realmente en estos centros. A ello se suma que el sector residencial no se encuadra como sanitario, sino que depende del convenio de hostelería, con salarios base en torno a 1.500 euros y condiciones laborales menos competitivas que en el sistema público.
Durante la presentación, la vicepresidenta primera del CGE, Raquel Rodríguez Llanos, ha sido contundente: “La falta de enfermeras en la residencia de mayores pone en compromiso la atención de quien reside en ella. Nuestra responsabilidad como sociedad es cuidar a las personas mayores y personas dependientes en general. Y la respuesta que estamos dando a esta necesidad de cuidado no es la adecuada”.
En un escenario demográfico marcado por el aumento de la población envejecida, ha advertido de que “el número de enfermeras no es suficiente. Es deficiente”. A esta carencia se suma un déficit estructural de información: “Además, en nuestro país faltan datos respecto al número de enfermeras que trabajan en España y las condiciones laborales de ellas”.
"La falta de enfermeras en la residencia de mayores pone en compromiso la atención de quien reside en ella"
Rodríguez Llanos ha insistido en que sin una base sólida de información no es posible diseñar políticas eficaces. “Si no contamos con una radiografía actualizada de cuántas enfermeras geriátricas tenemos en España y cuántas tienen un puesto en una residencia, no podremos abordar la problemática de manera efectiva y real”, ha señalado, subrayando que el crecimiento de la población envejecida obliga a actuar con urgencia.
En este sentido, reclamó que las soluciones no pueden quedar en el ámbito corporativo: “Por mucho que desde el Consejo General de Enfermería evidenciemos esta realidad y denunciemos la situación de nuestras compañeras, las políticas que cambien esta situación deben venir desde la Administración Sanitaria”.
En concreto, ha exigido al Ministerio de Sanidad “que haga un estudio real de cuántas enfermeras están ejerciendo su profesión en centros de personas mayores” y que se priorice “la contratación de enfermeras especializadas en geriatría y en gerontología”, evitando que “otros profesionales sanitarios menos cualificados” asuman cuidados de alta complejidad.
Datos del informe: cuidados especializados
El informe subraya que actualmente residen en centros sociosanitarios 356.200 personas (dato de 2024), distribuidas en 5.188 centros en todo el territorio nacional. La edad media ronda los 86 años, más del 70% son mujeres y existe una altísima prevalencia de discapacidad —en torno al 95%—, además de fragilidad, cronicidad y deterioro cognitivo. Este perfil exige cuidados altamente especializados y continuados en un país que lidera la esperanza de vida en la Unión Europea y que verá incrementarse el porcentaje de mayores de 65 años del 21% actual hasta el 25% en la próxima década.
Guadalupe Fontán, coordinadora del estudio, ha explicado que el trabajo surge “a demanda de las propias enfermeras que trabajan en el ámbito residencial”, preocupadas por la situación asistencial y laboral en las distintas comunidades autónomas. “Ante esta situación piden desde el Consejo que pongamos en marcha algún tipo de trabajo, de informe, para poder hacer un análisis de la situación”, ha relatado la experta. Sin embargo, ha advertido de las limitaciones encontradas: “Lo que hoy vamos a compartir es parte de lo que hemos encontrado, pero sobre todo lo que no vamos a compartir, porque no podemos, no existen datos”.
“Lo que hoy vamos a compartir es parte de lo que hemos encontrado, pero sobre todo lo que no vamos a compartir, porque no podemos, no existen datos”
Desde el punto de vista asistencial, defendió que la enfermera es un rol estructural y no complementario. Ha recordado su papel en la valoración psicosocial integral, la administración de tratamientos cada vez más complejos, la gestión de dispositivos como la oxigenoterapia y la detección precoz de reagudizaciones para evitar hospitalizaciones y deterioro funcional. “Después de cada hospitalización las personas vuelven con una disminución de su capacidad funcional, y eso está evidenciado”, ha subrayado, apuntando también a su función clave en la prevención de caídas, úlceras, sujeciones y otros eventos adversos.
El análisis normativo revela una fuerte heterogeneidad territorial. Solo nueve comunidades autónomas recogen de forma específica la presencia de enfermeras en residencias, mientras que en otras ocho no se detalla expresamente. Incluso donde existen ratios, estos pueden equivaler a una enfermera por cada 100 residentes, sin garantizar cobertura 24 horas. “Lo llamativo es que ninguna normativa obliga a que el centro sociosanitario tenga una enfermera al día, al menos las 24 horas”, ha advertido Fontán, quien ha abogado por mejorar el marco normativo, crear y consolidar la categoría de especialista en geriatría y equiparar condiciones laborales.
Competencias exclusivas
Rosa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), ha enmarcado el informe en una reivindicación histórica de la especialidad: “El objetivo principal de este informe es impulsar y orientar la formulación de políticas que reconozcan la necesidad de proteger la presencia de enfermeras en los centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia en España”.
Martínez ha recalcado que las personas ingresan en residencias con una complejidad creciente y tras agotar los cuidados en domicilio. “No vienen por capricho, sino porque necesitan atenciones especializadas y profesionales y ponen su confianza en las enfermeras que están en las residencias”, ha explicado. Asimismo, ha defendido que la enfermera especialista en geriatría posee competencias exhaustivas para atender a la persona en su dimensión funcional, psíquica y social, estableciendo un triángulo de confianza entre residente, familia y profesional.
“No vienen por capricho, sino porque necesitan atenciones especializadas y profesionales y ponen su confianza en las enfermeras que están en las residencias”
La presidenta de la sociedad científica ha recordado además que durante la pandemia quedó en evidencia la importancia de la presencia enfermera. “Las enfermeras capitaneamos de qué manera se llevaban a cabo los cuidados”, ha señalado, subrayando su papel en la gestión de agudizaciones y en la coordinación de equipos para dar seguridad a residentes y familias. También alertó de la escasa cobertura nocturna —en muchos casos inexistente— y de la dificultad para atraer y retener profesionales en un sector con salarios base en torno a 1.500 euros mensuales y contratos parciales que obligan a trabajar en varios centros.
"Sin datos no se puede avanzar"
Por su parte, el secretario general del CGE, Diego Ayuso, ha incidido en la dimensión social del problema: “Este problema es un problema social, de todas y todos los ciudadanos, porque todos tenemos familiares en residencias o los tendremos”. A modo de conclusión, reiteró que “no existen registros ni datos fiables del número de enfermeras que trabajan en el ámbito de residencias de mayores”, pese a tratarse de una especialidad reconocida desde hace 21 años. “Sin datos es difícil avanzar”, ha insistido, reclamando un mapa nacional de situación.
Ayuso también puso el foco en una cuestión estructural que, a su juicio, explica buena parte de la dificultad para atraer y retener talento en el ámbito residencial: “El sector de las residencias de mayores depende de hostelería, no es un sector sanitario”, ha recordado, subrayando que las enfermeras que trabajan en estos centros se rigen por un convenio que no está alineado con la responsabilidad clínica que asumen. Por ello se rigen por el Ministerio de Derechos Sociales y no por el Ministerio de Sanidad. “Con salarios base en torno a 1.500 euros, jornadas más amplias y peores condiciones que en el sistema público, es evidente que las enfermeras no quieren trabajar en residencias”, ha afirmado.
"Hemos visto la pirámide poblacional y cada vez tenemos más personas mayores. ¿Por qué no acercamos el foco a las verdaderas necesidades asistenciales?”
Asimismo, Ayuso calificó de “especialmente grave” que una de las seis especialidades reconocidas no cuente con un registro claro de profesionales en activo en el ámbito residencial. Al igual que Fontán, ha recordado que en 2026 solo se ofertaron 99 plazas EIR en geriatría para todo el país y que hay comunidades autónomas sin categoría profesional ni unidad docente acreditada. “Hemos visto la pirámide poblacional y cada vez tenemos más personas mayores. ¿Por qué no acercamos el foco a las verdaderas necesidades asistenciales?”, ha cuestionado.
Además, ha defendido que la dirección y coordinación de los centros sociosanitarios debe “pivotar en las enfermeras especialistas en geriatría”, profesionales con cuatro años de formación universitaria y dos de especialización. También reclamó una mejor coordinación entre consejerías de sanidad y servicios sociales para evitar que la falta de enfermeras derive en la sustitución por perfiles con menor cualificación. “Los mayores se merecen la mayor calidad asistencial”, ha incidido Ayuso, instando a convertir el informe en un punto de inflexión para el sistema residencial español.
