El Ministerio de Sanidad ha convocado una nueva reunión con los sindicatos del Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de abordar las observaciones planteadas por las comunidades autónomas al borrador del nuevo Estatuto Marco y preparar el próximo encuentro del Foro Marco del Diálogo Social, previsto para la primera quincena de octubre.
Estas declaraciones del Ministerio llegan apenas unas horas después de las movilizaciones celebradas este martes, convocadas por los sindicatos del Ámbito de Negociación —CSIF, SATSE (FSES), FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde—. Las protestas reclamaban al Ministerio de Sanidad que no cierre de forma unilateral la negociación del nuevo borrador del Estatuto Marco sin alcanzar antes un acuerdo que garantice mejoras reales tanto para los profesionales como para los pacientes del sistema sanitario público.
Desde el departamento que dirige la ministra de Sanidad, Mónica García, insisten en que “el proceso de reforma del Estatuto Marco continúa su curso” y que, lejos de estar cerrado o bloqueado, atraviesa “una fase decisiva de integración de las posiciones de los tres actores institucionales directamente implicados: sindicatos, comunidades autónomas y Administración General del Estado”.
Al igual que ha repetido la ministra en múltiples ocasiones, la revisión de esta norma básica —que regula las condiciones laborales del personal estatutario del SNS— ha sido fruto de un trabajo prolongado con más de 40 reuniones técnicas y políticas, 36 de ellas con los sindicatos del Ámbito de Negociación y 13 con representantes de las comunidades autónomas.
«El Estatuto Marco atraviesa una fase decisiva de integración de las posiciones de los tres actores institucionales directamente implicados: sindicatos, comunidades autónomas y Administración General del Estado”
El Ministerio recuerda que el primer borrador fue elaborado de forma conjunta con los sindicatos y posteriormente remitido a las comunidades autónomas para su análisis, siguiendo el procedimiento previsto. “Si bien se trata de una norma estatal, su aplicación práctica recae en los servicios de salud autonómicos, que gestionan directamente los recursos humanos del sistema”, aclaran fuentes ministeriales.
Por ello, avanzan que cualquier intento de cerrar el texto sin participación activa de las autonomías supondría “una norma inviable tanto jurídica como políticamente”. En este sentido, subrayan que la intención no es clausurar el proceso, sino ampliarlo: “No se trata de cerrar una negociación, sino de fortalecerla incorporando las visiones de todos los agentes responsables”.
Próximo paso: Foro Marco del Diálogo Social
La reunión del Foro Marco prevista para octubre forma parte del calendario institucional de la reforma y, según Sanidad, “no supone una exclusión del Ámbito”, sino “una fase natural del procedimiento” en la que confluyen las propuestas de todos los actores implicados.
El Ministerio defiende que esta cita será determinante para “seguir construyendo el consenso necesario en torno a una norma estructural para el sistema sanitario”, y reitera su compromiso de mantener un canal específico de diálogo con los sindicatos para seguir desarrollando aquellos aspectos del texto que requieran mayor profundidad.
En relación con los informes jurídicos que acompañan al texto, Sanidad aclara que “no son una excusa para finalizar la negociación, sino una herramienta técnica indispensable para asegurar la viabilidad normativa”. Estos documentos, elaborados en primavera, delimitan los márgenes legales para evitar conflictos de competencias con las comunidades autónomas.
Sanidad aclara que “no son una excusa para finalizar la negociación, sino una herramienta técnica indispensable para asegurar la viabilidad normativa”
El departamento recuerda además que el proceso legislativo no concluye con el Foro Marco. Tras esta fase, el texto será elevado al Consejo de Ministros, donde se abrirá a información pública, se solicitarán informes de otros ministerios (como Hacienda, Función Pública o Seguridad Social), y finalmente se enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria. “En todas estas fases puede seguir recibiendo aportaciones, enmiendas y mejoras”, apuntan.
Desde el Ministerio hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional para evitar bloqueos. “Ralentizar de forma innecesaria el proceso supondría prorrogar indefinidamente una legislación que necesita actualizarse con urgencia para responder a los desafíos actuales del sistema sanitario”, advierten.
Y concluyen: “La responsabilidad no es cerrar en falso, sino permitir que la norma avance por los cauces previstos y con el mayor respaldo posible. Solo así lograremos dotar al sistema sanitario de una legislación moderna, clara y respetuosa con el reparto competencial”.
