Fuentes del Ministerio de Sanidad han trasladado a este medio su intención de aclarar las informaciones publicadas recientemente sobre los cambios propuestos en el funcionamiento del órgano encargado de elaborar el examen MIR. Esta aclaración llega en medio de una grave crisis institucional: el Comité de Expertos responsable de diseñar las preguntas de la prueba —clave para que los médicos accedan a una plaza MIR— ha quedado desmantelado a menos de un mes del inicio del proceso para la convocatoria de 2026.
Según explica Sanidad, "el proceso de adecuación que se está llevando a cabo responde al compromiso firme del Ministerio con el cumplimiento de la normativa vigente, como los principios de representatividad territorial, y otros criterios que refuerzan la transparencia y legitimidad del procedimiento". A pesar de la crisis abierta, el Ministerio reitera su “respeto al trabajo realizado hasta ahora por los miembros del órgano”, pero insiste en que "los cambios propuestos no desvirtúan la prueba, sino que buscan fortalecer su legitimidad y adecuación al marco normativo actual, sin menoscabar en ningún caso el rigor que debe caracterizar a este proceso".
La situación ha estallado el pasado 17 de julio, cuando los miembros del Comité —entre cinco y seis profesionales con una sólida trayectoria en educación y formación sanitaria— presentaron su dimisión en bloque. A esta renuncia colectiva se han sumado también los comités equivalentes de otras titulaciones sanitarias: Farmacia, Enfermería, Física y Química, ampliando así el alcance de la crisis más allá del ámbito médico.
Desde el Ministerio niegan que se esté poniendo en riesgo la calidad del examen MIR o el nivel de exigencia que lo caracteriza. “Muy al contrario, el Ministerio está trabajando de forma coordinada con equipos expertos y profesionales cualificados para garantizar que se mantenga el más alto estándar técnico y científico en la elaboración y evaluación de la prueba”.
En cuanto al malestar generado entre los profesionales, Sanidad reconoce que “los procesos de modernización y adaptación normativa pueden generar inquietudes y resistencias”. No obstante, subraya que “es necesario asumir que estamos en un momento de transición que requiere actualizar estructuras y procedimientos para alinearlos con los valores de equidad, participación y transparencia que rigen el conjunto de la Administración Pública”.
Críticas del Partido Popular
Por su parte, el Partido Popular ha manifestado su “máxima preocupación” ante lo que califica como “una grave situación” provocada por las modificaciones introducidas por el Ministerio. A juicio del PP, la salida de estos profesionales se debe a “una modificación unilateral de las condiciones de trabajo” impuesta por el Ministerio.
Entre las medidas cuestionadas, se encuentra la reducción del número de colaboradores por experto, que ha pasado de 15 a 5, la rebaja del pago por pregunta (de 15 a 9 euros), y el cambio en la gestión organizativa, que pasará a estar parcialmente en manos del Ministerio de Función Pública en lugar del de Sanidad.
“El Ministerio rompe un modelo que funcionaba, basado en el consenso profesional y la independencia técnica, y lo sustituye por un esquema opaco, centralizado y sin garantías”, han señalado desde el PP. Además, advierten de que, a estas alturas del calendario, “no hay nada organizado para la selección de preguntas”, un proceso que habitualmente comenzaba en junio y se cerraba entre septiembre y octubre.
A estas críticas se suma el malestar por la reciente orden ministerial que regula la convocatoria del MIR 2026, que establece que las pruebas se celebrarán el sábado 24 de enero de ese año. Como novedad, Sanidad ha reducido de 28 a 22 el número de sedes de examen, eliminando las ubicadas en Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Girona, León y Vigo. Aunque se garantiza al menos una sede por comunidad autónoma, el PP denuncia que esta medida “perjudica a miles de aspirantes”.
Desde la formación exigen al Gobierno que dé “explicaciones urgentes” y recupere el diálogo con los expertos y con las comunidades autónomas para garantizar un proceso de selección “riguroso, profesional y transparente”.
