SATSE denuncia la «pasividad» de las administraciones ante el aumento de agresiones a profesionales sanitarios

El sindicato de enfermería reclama medidas urgentes como presencia permanente de seguridad y una ley estatal de protección

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El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha mostrado su hartazgo ante la inacción de las distintas administraciones sanitarias frente al grave y creciente problema de las agresiones a profesionales en los centros de salud. La organización sindical considera que la violencia, tanto física como verbal, se ha generalizado en el entorno sanitario, y que esto solo puede solucionarse con medidas eficaces y contundentes.

“Las agresiones verbales o físicas no deberían formar parte del trabajo de las enfermeras y fisioterapeutas. Las administraciones, como empleadores, tienen la obligación de velar por garantizar la seguridad de sus trabajadores”, señalan desde el sindicato. SATSE subraya que los últimos casos registrados en distintos puntos del país no hacen más que confirmar un problema recurrente y grave, que genera una “permanente sensación de miedo e intranquilidad” entre quienes trabajan en el sistema sanitario. Una situación que afecta especialmente a las mujeres, ya que representan la mayoría de los agredidos.

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, durante 2024 se alcanzó una nueva cifra récord de agresiones a profesionales sanitarios: 17.163 casos, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. De estas agresiones, cerca del 80% se produjeron contra mujeres. Además, encuestas internas realizadas por el propio sindicato reflejan una situación alarmante: 8 de cada 10 enfermeras han sufrido algún tipo de agresión durante su trayectoria profesional.

Falta de medidas y recursos

SATSE lamenta que, a pesar del aumento constante de casos, sigan sin aplicarse medidas eficaces en todos los centros sanitarios. Una de las principales demandas del sindicato es la presencia permanente de personal de seguridad en hospitales y centros de salud, una medida que, aseguran, aún no está garantizada ni en todos los centros ni en todos los horarios.

A esto se suma la necesidad de instalar dispositivos de alarma individuales, para que el profesional pueda activarlos en caso de detectar una amenaza. “Seguimos viendo que no hay voluntad real de protegernos”, afirman desde el sindicato En un comunicado contundente, SATSE acusa directamente tanto a las administraciones públicas como a las empresas sanitarias privadas de ser “corresponsables” del agravamiento de esta problemática.

“Por un lado, no se ponen los medios y recursos necesarios para evitar el malestar e insatisfacción de pacientes y familiares que, en ocasiones, desencadena una agresión. Por otro, no se impulsa un marco regulatorio estatal que permita actuar con eficacia en prevención, información, sensibilización y atención a las víctimas”, denuncian.

Para SATSE, la clave está en garantizar que “cualquier profesional, independientemente del centro o del territorio en el que trabaje, tenga los mismos recursos, derechos y garantías”. Ante la falta de respuesta institucional, SATSE elaboró una propuesta de Ley estatal para la erradicación de las agresiones a sanitarios, con más de 50 medidas concretas, que fue remitida a las distintas fuerzas políticas y al Gobierno central.

Sin embargo, la norma ha sido debatida y rechazada en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados. El sindicato lamenta que este fracaso legislativo responda a intereses partidistas: “Una norma que no ha salido adelante por motivos partidistas que se resumen en oponerse por oponerse al adversario político”, critican con dureza.

Campaña permanente

Desde hace años, el sindicato mantiene activa la campaña “La agresión no es solución”, orientada a informar, sensibilizar y fomentar la denuncia por parte de los profesionales víctimas. SATSE considera esencial que cada caso de agresión sea denunciado formalmente, para que los pacientes o familiares agresores respondan ante las autoridades por sus actos.

“Es fundamental visibilizar el problema y alzar nuestra voz cada vez que se produce una agresión, como una medida también de presión para que las administraciones y empresas sanitarias no minusvaloren una realidad que dinamita la columna vertebral de nuestro sistema, como son sus profesionales”, concluyen.


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